Banco malo, mala gente

El período histórico que comprende el cambio de régimen político del Estado fascista al parlamentarismo constitucional aún se presenta en el imaginario colectivo como un episodio ejemplar de la historia reciente del país, como un ejercicio de responsabilidad colectiva que trajo consigo la tan deseada reconciliación nacional, evitándose de esta forma otro grave enfrentamiento entrelas dos Españas. Convirtiéndose en un ejemplo casi único de asunción de las tesis de la historiografía oficial por parte de prácticamente todos los sectores de la población española, llegando al punto de alcanzarse tal obsesión enfermiza en torno a la llamada Transición que sigue presentándose como modelo a seguir para aquellos países que acaban de salir de un régimen dictatorial, o en este período convulso, no sólo a nivel económico sino también social y político, consigue que ciertos sectores progresistas sigan realizando llamamientos para recuperar el “espíritu de la Transición” (sic).
Realmente nos sorprende el abandono de la autocrítica y el análisis histórico para abordar dicho episodio, presentándose casi siempre de una forma pública con cierto aura casi religioso, milagroso, por la intelectualidad tanto progresista como conservadora, de hecho, esta será una de las no muchas cuestiones que consiga aglutinar a, en apariencia, sectores opuestos.
La crítica a la Transición, tras la claudicación de las fuerzas políticas de izquierda, se ha quedado reducida y aislada a aquellos círculos antagonistas, que aun tratando de realizar un esfuerzo importante para que ciertos episodios no quedaran silenciados, han cometido el mismo error al centrarse exclusivamente en el enemigo externo, sin plantear un análisis interno que clarificara cómo pudo la Transición aplastar el espíritu combativo de una fracción importante de la población española, gracias a la integración de algunos sectores en el otro bandoo, sobre todo, al abandono de una gran parte de ellos/as de cualquier militancia política sumidos/as en el fracaso, el agotamiento y la desesperanza.
La clase trabajadora española sufrió su última gran derrota, materializada no sólo en la pérdida de su capacidad de presión sino también en la asunción de la versión histórica de sus enemigos de clase.
Responsables
Tras la muerte del dictador, para frenar los impulsos de cambio que pudieran trastocar los privilegios de las clases capitalistas, la estrategia de los sectores en el poder fue dual. Por un lado, se tendió la mano a aquellas fuerzas políticas nacionalistas moderadas y de la izquierda socialdemócrata (PSOE, PCE, PNV y CIU, principalmente) ofreciéndoles para ello un pedazo del pastel a cambio de la aceptación de un estado de las cosas continuista y de la no reclamación de responsabilidades, y por el otro lado, la represión más cruda contra aquellos sectores que se negaban a olvidar los crímenes del régimen fascista y que ya entreveían hacia donde nos iba a llevar la nueva alianza entre el Capital y el “nuevo” Estado emergente.
La represión se materializó no sólo en cientos de detenciones, largas condenas en prisiones, duras cargas en manifestaciones, torturas en comisarías, etc., sino también en un listado demasiado largo con decenas de nombres de personas asesinadas por su militancia política o social.
Estos asesinatos fueron perpetrados tanto por las propias fuerzas de seguridad del Estado como por una amalgama de organizaciones de extrema derecha donde se entremezclaban fascistas, miembros de los servicios secretos o de la propia policía, mercenarios extranjeros, etc. Evidentemente estos hechos tienen sus responsables, pero aunque públicamente se ha denunciado a más de una persona por su vínculo con dicho terrorismo fascista, judicialmente prácticamente todos estos crímenes quedaron impunes, sin producirse una investigación profunda sobre el origen de dichos grupos y hechos. La complicidad y responsabilidad de un aparato estatal y policial heredero del régimen anterior era más que evidente, y por ello, dichos grupos gozaron no sólo de recursos sino también de protección. Pero como hemos dicho al principio, no sólo tenemos que hablar de la actuación de grupos fascistas, sino también de una policía que, al igual que hoy en día, se empleaba con extrema dureza en las manifestaciones y en las comisarías, empleando munición real en más de una ocasión, y practicando la tortura de forma habitual. Policía que no sufrió ninguna depuración con la llegada del nuevo orden constitucional.
Y si antes hablábamos de personajes responsables de salvaguardar el orden político, económico y social, y por tanto, la sociedad de clases del momento, en este convulso período, y apuntamos bien arriba, aparece el nombre de Rodolfo Martín Villa.
Este personaje nacido en León, desde su juventud fue escalando puestos dentro de la estructura estatal fascista, comenzando en su etapa universitaria a adquirir puestos de responsabilidad, primeramente en el sindicalismo vertical, hasta que en 1974 es nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona. En 1975 consigue su primera cartera ministerial como Ministro de Relaciones Sindicales, y en 1976 es nombrado ministro de Gobernación (Interior) dentro del primer gobierno de Adolfo Suárez. Al formarse el nuevo Gobierno de 1977, es confirmado como ministro de Gobernación hasta 1979. Después continúa encadenando diferentes cargos (ministro, vicepresidente, etc.). Con la desintegración de la UCD, prueba en otras formaciones hasta que ingresa en el Partido Popular donde es elegido diputado por Madrid, y tras algún que otro cargo (entre ellos, en Caja Madrid), cesa su actividad política para pasar al sector privado, como presidente de Endesa, miembro del Consejo de Administración de CEPSA, etc. Durante su etapa en la hidroeléctrica, dirige su proceso de privatización. A continuación, pasa a presidir Sogecable, dentro del Grupo Prisa, y recientemente, ha sido nombrado consejero del SAREB, el llamado banco malo. Como curiosidad, también fue elegido por el Gobierno como responsable de la investigación sobre el Prestige.

Martín Villa cuando era un "joven rebelde"

Este breve resumen de la meteórica carrera de Martín Villa nos deja entrever ciertos aspectos especialmente relevantes que trataremos de desglosar. El primero de ellos es su más que evidente vínculo con el régimen fascista, ocupando puestos de primer nivel, para después convertirse en otro de los personajes que un día se levantó siendo un ferviente demócrata pero todavía no lo sabía, como Fraga, Suárez y tantos otros. El segundo es que fue el máximo responsable del Ministerio de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, y de Interior entre 1976 y 1979, produciéndose, bajo su mandato, más de un centenar de asesinatos a manos de las fuerzas represivas del Estado y de bandas fascistas y parapoliciales. Lo tercero a destacar es una práctica que sigue siendo habitual, el trasvase de personas del sector público al privado, del Estado al Capital, y viceversa, dejando entrever la delgada línea que separa ambas realidades. Suponemos, sin riesgo a equivocarnos, que esto se produce como recompensa por los servicios prestados.
Martín Villa que se ganó a pulso el apodo de “la porra de la Transición”, guarda una oscura y nunca aclarada relación con ciertos acontecimientos claves durante este período histórico. El primero de ellos tiene lugar en Vitoria, en marzo de 1976, cuando como Ministro de Relaciones Laborales, el presidente del Ejecutivo, Arias Navarro, le encarga asumir in situ la acción del Gobierno durante la huelga de trabajadores/as que tiene paralizada la ciudad. El 3 de marzo, la policía tirotea una iglesia donde un grupo de trabajadores/as se encuentra reunido en asamblea, produciéndose un total de cinco asesinatos y un sinfín de heridos/as.
Otro de sus objetivos fue el movimiento anarquista, objetivo relevante para nuestra figura como se puede entrever en unas declaraciones públicas que realizó en la época: “No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario”. En los años en que fue Ministro de Gobernación, tuvo lugar el llamado Caso Scala, así como otras acciones encaminadas no sólo a la represión directa del movimiento libertario sino también otras dirigidas para generar su división y enfrentamiento interno.
El incendio de la discoteca Scala de Barcelona, el 15 de enero de 1978, tras una manifestación de la organización anarcosindical, causa la muerte de cuatro trabajadores afiliados a la CNT que se encontraban en el local en aquellos momentos. Este ataque es achacado a grupos anarquistas, comenzándose así una fuerte campaña de desprestigio contra el movimiento libertario, deteniendo la policía a varios/as jóvenes como responsables del incendio. En el juicio, los/as abogados/as de la defensa piden que se llame a declarar a Martín Villa pues desde un primer momento se sospecha de la complicidad de la policía. Pero es con el paso del tiempo, y con la salida a la luz de cierta información, cuando se hace más patente el papel jugado en el incendio del Scala por confidentes policiales infiltrados en el movimiento anarquista. Finalmente, uno de ellos es incluso juzgado por estos hechos, aunque con una condena menor. Pero la afanosa campaña mediática realizada en su momento, ya cumplió el efecto deseado, y junto con la represión creciente hacia los/as anarquistas y las fuertes tensiones internas dentro del movimiento, muchos/as trabajadores/as se alejan de la CNT y del resto de organizaciones libertarias.
A parte del movimiento obrero, y del movimiento anarquista, el tercer sector que también sufre los ataques del entramado de fuerzas fascistas y estatales, es el de los crecientes movimientos independentistas revolucionarios. El intento de asesinato al dirigente canario Antonio Cubillo a manos de dos mercenarios ligados a los servicios secretos, o las primeras acciones de guerra sucia contra el movimiento abertzale, que sufriría a posteriori el mayor número de atentados mortales con la llegada del GAL, son ejemplos de ello.
A esta larga lista hay que sumar nombre como el de German Rodríguez, asesinado de un tiro en la cabeza por la policía tras desplegar una pancarta durante los Sanfermines de 1978, los abogados laboralistas de Atocha, Arturo Ruíz, asesinado tras una manifestación pro-amnistía, y tantos/as otros/as que completan una lista olvidada por aquellos/as que tanto se llenan la boca con el llamado “espíritu de la Transición”.
En estos hechos, el papel de Martín Villa es innegable por mucho que apenas le haya salpicado. Las brutales actuaciones policiales de la época o los vínculos policiales con grupos fascistas, si bien, ya es raro que su máximo responsable no tuviera conocimiento de nada de esto, al menos, podría haber exigido responsabilidades y realizado depuraciones una vez que los hechos tuvieron lugar. Pero no fue así, más bien todo lo contrario, la lista de víctima continuó aumentando pareja a la inmunidad de la que gozaron sus responsables.
También es innegable el crucial papel que desempeñó la represión para acallar las voces que denunciaban el carácter continuista del nuevo régimen político. En un período de gran conflictividad, no sólo a nivel político sino también laboral, donde innumerables jornadas de huelgas y asambleas se sucedían por todo el Estado, recuperar la paz social para que, a pesar de la transición al modelo parlamentario, los privilegios de clase de aquellos que ostentaban, y ostentan, el poder económico, político y social, se mantuvieran, era necesario. El miedo, la sensación de derrota e impotencia y el agotamiento, que se instauraron en gran parte de los sectores más conscientes, fue vital para finalizar con éxito la Transición.
Entendemos que Martín Villa jugó un rol importante, y su posterior entrada en los altos puestos de dirección de empresas como Endesa y PRISA, no fue más que el reconocimiento a dicha labor. Aquellos ultraliberales que propugnan por la primacía casi total de la iniciativa privada por encima de la pública, deberían recordar hechos como los que tuvieron lugar durante la Transición, donde el aparato estatal consiguió salvaguardar el régimen capitalista frente a la embestida de un sector muy amplio de la clase trabajadora española. También, a día de hoy, aunque ese nivel de represión no sea necesario, la clase política tiene que seguir recurriendo a otras herramientas del Estado (leyes hechas a medida, militares utilizados como esquiroles, medios de comunicación públicos, etc.) para evitar que los intereses capitalistas se vean alterados.
Ahora, Martín Villa es consejero del banco malo (SAREB), un cargo que ocupa con casi 80 años. Analizando su trayectoria y los objetivos de este proyecto, no podían haber elegido a nadie mejor.

¿Qué es la SAREB?

La SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o Banco Malo es el fruto de uno de los compromisos firmados por el Gobierno con Europa para recibir el rescate de 100.000 millones de euros. El Estado, de esta forma, se compromete a establecer planes especiales para segregar los activos problemáticos de los bancos con problemas. Por ello, la SAREB se ha convertido en la mayor inmobiliaria europea con más de 50.000 millones de euros en activos (fundamentalmente préstamos y créditos, activos inmobiliarios y participaciones en sociedades inmobiliarias) provenientes de los bancos españoles nacionalizados o que no fueron capaces de hacer frente a los requerimientos de solvencia sin recibir ayuda estatal. Los accionistas del SAREB son tanto entidades públicas como privadas (bancos “sanos”, aseguradoras, inversores extranjeros, etc.).
La SAREB tiene un período de tiempo de 15 años para deshacerse de los activos, pero teniendo en cuenta que parte de su accionariado está formado por bancos con su propia cartera inmobiliaria, habrá que ver cómo se realiza la venta de dichos activos para que no se vean alterados sus intereses, aunque lo que sí es seguro es que se realice en grandes paquetes a inversores. Dada la situación de la economía española y los grandes incentivos fiscales que se han establecido para ellos, los adquirentes serán fundamentalmente inversores extranjeros.
En resumen, la SAREB es otro medio creado para tapar el gran agujero de la banca española con una importante inversión de dinero público, adquiriendo de esta forma el Estado un importante paquete inmobiliario que en lugar de ser utilizado para completar el mínimo parque público de viviendas, se entregará a la especulación, es decir, a su venta a un precio superior a la que fue adquirido, y principalmente, a inversores extranjeros. (Información extraída de madrilonia.org)

FUENTE: TODO POR HACER