Después de las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de julio de 1936 los comités superiores de la CNT y de la FAI intentaron restablecer el Orden Público, esto es, la ley y el orden republicanos en las calles de Barcelona, reprimiendo la delincuencia y persiguiendo a los fascistas emboscados, pero conteniendo también la violencia revolucionaria de los comités de barrio y de los sindicatos. El velo que ocultaba tal enfrentamiento de los comités superiores con los revolucionarios expropiadores era el propósito declarado de acabar con los simpatizantes fascistas, el clero y una criminalidad arbitraria y oportunista, que realmente existía, y que, sin duda alguna, era un grave problema. El constante paqueo1 de los francotiradores derechistas: requetés, falangistas, somatenistas y pistoleros del Libre, duró más de una semana, provocando numerosas muertes entre los transeúntes.
Todas las organizaciones antifascistas, incluidos gobierno de la Generalidad y comités superiores cenetistas, confundían y mezclaban torpe o astutamente la delincuencia con la violencia revolucionaria de los comités de barrio y de los sindicatos, que confiscaban, colectivizaban o controlaban fábricas, talleres y tierras de cultivo, que ejecutaban fascistas, pistoleros, derechistas, militares y curas; que incautaban torres, coches, viviendas de lujo, cuarteles, iglesias, conventos, hospitales, hospicios, cuarteles, factorías, industrias, empresas, propiedades abandonadas por facciosos huidos, etcétera.
El proceso revolucionario, para muchos, había ido demasiado lejos. El primer paso para controlarlo consistía en detenerlo y que no avanzara más. Luego llegaría la hora de reconquistar el terreno perdido. Por esta razón había aparecido el nuevo concepto de “orden revolucionario”, que no significaba otra cosa que impedir profundizar la revolución y en considerar las “conquistas revolucionarias” de Julio de 1936 como un nuevo orden, ya acabado, que era necesario defender frente a los incontrolados/revolucionarios, frente al desorden y la delincuencia arbitrarios, frente a la burguesía expropiada y frente al fascismo. Los mejores militantes anarcosindicalistas habían abandonado Barcelona, enrolados en milicias antifascistas, que definieron el frente de Aragón contra el fascismo y los militares sublevados contra su pueblo. Mientras tanto, guardias de asalto y guardias civiles, estaban a salvo, acuartelados cómodamente. Esos cuerpos represivos y antiobreros no habían sido disueltos, en espera de constituirse en el brazo armado de la contrarrevolución.
El éxito del vocablo “incontrolado” radicaba precisamente en esa ambigüedad, que abarcaba y mezclaba dos significados distintos: criminal y revolucionario, de forma lo bastante discreta y velada como para ser aceptada por los propios comités de barrio, locales o sindicales, contra los que iba dirigida; y de forma suficientemente clara y precisa como para ser empuñada por los comités superiores, los partidos burgueses, el estalinismo y el gobierno contra los revolucionarios, convertidos con el infamante calificativo de “incontrolados” en cabeza de turco, diana de todos los dardos y objetivo prioritario que abatir.
La necesaria e ineludible represión de la caótica y oportunista criminalidad se convertía en excelente excusa para frenar y controlar de paso a los revolucionarios expropiadores.
De este modo, se decantaba y desvelaba también la auténtica naturaleza del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), como organismo de colaboración de clases que asumía el programa antifascista, renunciaba a la revolución social y preparaba la participación de los anarcosindicalistas en un gobierno frentepopulista. El CCMA no era un gobierno revolucionario, sino el primer eslabón para la formación de un nuevo gobierno de la Generalidad, en el que participarían todas las organizaciones sindicales y políticas, obreras y burguesas, además de los representantes del gobierno, con el objetivo final, consciente o no, de restaurar todos los poderes y estructuras del Estado burgués.
Cada momento histórico establecía el órgano adecuado para controlar y encauzar la “revolución de julio” y preparar, en el futuro, la reconstrucción del Estado. Lo mismo sucedía con las Patrullas de Control. Acuarteladas las fuerzas de Orden Público “de verdad”, esto es, la Guardia Civil y la de Asalto, era necesaria una policía “revolucionaria”, que protegiera ese nuevo orden “revolucionario”, capaz de reprimir la delincuencia arbitraria, pero también de “contener” a los comités de barrio y sindicales, con todas las contradicciones que se quiera, originadas por esa situación inestable de los comités superiores, dirigentes de una organización de ideología antiestatal, que participaban en las tares gubernamentales y de reconstrucción del Estado capitalista.
Los movimientos revolucionarios, a lo largo de la historia, nunca han sido puros y perfectos, sino heterogéneos y contradictorios, ingenuos y avanzados, irritantes y ciegos, sorprendentes y clarividentes, todo ello al mismo tiempo.
Nueve semanas después de su creación el CCMA era disuelto el 1 de octubre de 1936, aunque la CNT ya había dado su acuerdo desde mucho antes, en un plenario reunido el 17 de agosto de 1936.
A finales de octubre el balance del CCMA era terrible: se paraban las espontáneas y metódicas expropiaciones obreras de fábricas y propiedades de la burguesía, que pasaban a ser controladas y deformadas por un decreto de colectivizaciones y control obrero, cuyas disposiciones y desarrollo efectuó Tarradellas, mediante 58 decretos financieros y tributarios…
El discurso de Durruti (4 de noviembre de 1936)
El 4 de noviembre de 1936 Durruti emitió por radio CNT-FAI un discurso que causó una gran impresión. Ese mismo día la prensa daba fe de la toma de posesión del cargo de Ministro por cuatro anarquistas en el gobierno de Madrid: Federica Montseny, Juan García Oliver, Juan López y Joan Peiró. La Columna Durruti no había conseguido tomar Zaragoza. Las dificultades de aprovisionamiento de armamento eran la principal dificultad del frente. El 24 de octubre la Generalidad había aprobado el Decreto de militarización de las Milicias, que ponía en vigor el antiguo Código de Justicia Militar a partir del uno de noviembre.
Altavoces en Rambla de Canaletas (Barcelona) para escuchar una retransmisión en directo. Fuente: El País
La Columna Durruti negaba la necesidad de una disciplina de cuartel a la que oponían la superioridad de la disciplina revolucionaria: “Milicianos sí; soldados nunca”. Durruti, como delegado de la Columna, quiso hacerse eco de la indignación y protesta de los milicianos del frente de Aragón ante el curso claramente contrarrevolucionario que se estaba abriendo paso en la retaguardia.
Dijo Durruti: “Si esa militarización decretada por la Generalidad es para meternos miedo y para imponernos una disciplina de hierro, se han equivocado. Vais equivocados, consejeros, con el decreto de militarización de las milicias. Ya que habláis de disciplina de hierro, os digo que vengáis conmigo al frente. Allí estamos nosotros que no aceptamos ninguna disciplina, porque somos conscientes para cumplir con nuestro deber. Y veréis nuestro orden y nuestra organización. Después vendremos a Barcelona y os preguntaremos por vuestra disciplina, por vuestro orden y por vuestro control, que no tenéis”.
Al cabo de unas horas de haber escuchado a Durruti se seguía comentando lo que había dicho con su acostumbrada energía y entereza. Sus palabras resonaron con fuerza y emoción en la noche barcelonesa, encarnando el genuino pensamiento de la clase trabajadora. Había sido una voz de alarma que recordaba a los trabajadores su condición de militantes revolucionarios. Durruti no reconocía dioses en los demás, ni la clase obrera en él. Daba por supuesto que los milicianos que se enfrentaban al fascismo en los campos de batalla no estaban dispuestos a que nadie escamotease su contenido revolucionario y emancipador: no se luchaba por la República o la democracia burguesa, sino por el triunfo de la revolución social y la emancipación del proletariado.
No hubo en toda la arenga una frase demagógica o retórica. Eran trallazos para los de arriba y los de abajo. Para los obreros y para los jerarcas cenetistas apoltronados en cientos de cargos de responsabilidad, para los ciudadanos de a pie y para los consejeros de la Generalidad o los flamantes ministros anarquistas. Una diatriba contra las derivaciones burocráticas de la situación revolucionaria creada el 19 de Julio, y una condena contra la política del gobierno, con o sin confederados al frente del tinglado. En la retaguardia se confundía lamentablemente el deber con la caridad, la administración con el mando, la función con la burocracia, la responsabilidad con la disciplina, el acuerdo con el decreto y el ejemplo con el ordeno y mando. Las amenazas de “bajar a Barcelona” reavivaron el terror de los representantes políticos de la burguesía, aunque ya era demasiado tarde para enmendar el inexcusable e ingenuo error de julio, cuando se aplazó la revolución “hasta después de la toma de Zaragoza”, por carencias teóricas y falta de perspectivas del movimiento libertario. Pero al poder no se le amenaza en vano: sus palabras, dirigidas a sus hermanos de clase, tenían todo el valor de un testamento revolucionario. Testamento, y no proclama, porque la suya era una muerte anunciada, que el endiosamiento póstumo convirtió en enigma.
La consecuencia inmediata del discurso radiofónico fue la convocatoria por Companys al día siguiente, el 5 de noviembre a las once de la noche, de una reunión extraordinaria en el Palacio de la Generalidad de todos sus consejeros y los representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales, para tratar la creciente resistencia al cumplimiento del decreto de militarización de las milicias, así como al de disolución de los comités revolucionarios y su sustitución por ayuntamientos frentepopulistas. Durruti era causa y diana del debate, aunque todos evitaban pronunciar su nombre. Companys planteó la necesidad de acabar con “los incontrolados”, que al margen de cualquier organización política y sindical “lo deshacen todo y a todos nos comprometen”. Comorera (PSUC) afirmó que la UGT expulsaría de sus filas a quienes no acataran los decretos, e invitó al resto de organizaciones a hacer lo mismo. Marianet, secretario de la CNT, tras ufanarse del sacrificio demostrado por los anarquistas con su renuncia a los propios principios ideológicos, se quejó de la falta de tacto al aplicar de forma inmediata el Código de Justicia Militar, y aseguró que tras el decreto de disolución de los comités, y gracias al esfuerzo de la CNT cada vez había menos incontrolados, y que se trataba no tanto de grupos a los que expulsar como resistencias que vencer, sin provocar rebeliones, y de individuos que convencer. Nin (POUM), Herrera (FAI) y Fábregas (CNT) alabaron los esfuerzos realizados por todas las organizaciones para normalizar la situación posterior al 19 de julio, y fortalecer el poder del actual Consejo de la Generalidad. Nin medió en la disputa entre Sandino, consejero de Defensa, y Marianet sobre las causas de la resistencia al Decreto de militarización, diciendo que “en el fondo todos estaban de acuerdo” y que existía cierto temor entre las masas “por perder lo que han ganado”, pero que “la clase obrera está de acuerdo en formar un verdadero ejército”. Nin veía la solución al actual conflicto en la creación de un comisariado de guerra en el que estuvieran representadas todas las organizaciones políticas y sindicales. Comorera, mucho más intransigente que Companys y Tarradellas, afirmó que el problema fundamental radicaba en la falta de autoridad de la Generalidad: “grupos de incontrolados continúan haciendo lo que quieren”, no sólo en la cuestión de la militarización y la dirección de la guerra o el mando único, sino también en cuanto a la disolución de comités y formación de ayuntamientos, o en lo que afectaba a la recogida de armamento en la retaguardia, o en la movilización, para la que auguraba un fracaso. Falta de autoridad que Comorera extendía incluso a las colectivizaciones “que continúan haciéndose a capricho, sin someterse al Decreto que las regula”. Companys aceptó la posibilidad de modificar el Código Militar y crear un comisariado de Guerra. Comorera y Andreu (ERC) insistieron en que era necesario cumplir y hacer cumplir los decretos. La reunión concluyó con un llamamiento unitario al pueblo catalán al disciplinado acatamiento de todos los decretos de la Generalidad, y al compromiso de todas las organizaciones a declarar su apoyo en la prensa a todas las decisiones gubernamentales. Nadie se opuso a la militarización: el problema para políticos y burócratas era sólo cómo hacerse obedecer.
Quizás no sepamos nunca cómo murió Durruti, ya que existen siete u ocho versiones distintas y contradictorias; pero es más interesante preguntarse por qué murió quince días después de hablar por la radio. La alocución radiofónica de Durruti fue percibida como una peligrosa amenaza, que halló una respuesta inmediata en la reunión extraordinaria del Consejo de la Generalidad, y sobre todo en la brutalidad de la intervención de Comorera, que apenas fue suavizada por cenetistas y poumistas, que a fin de cuentas se juramentaron en la tarea común de cumplir y hacer cumplir todos los decretos. La sagrada unidad antifascista entre burócratas obreros, estalinistas y políticos burgueses no podía tolerar incontrolados de la talla de Durruti: he ahí por qué su muerte era urgente y necesaria. Al oponerse a la militarización de las milicias, Durruti personificaba la oposición y resistencia revolucionarias a la disolución de los comités, la dirección de la guerra por la burguesía y el control estatal de las empresas expropiadas en julio. Durruti murió porque se había convertido en un peligroso obstáculo para la contrarrevolución en marcha: era un incontrolado.
El derrotismo revolucionario de Los Amigos de Durruti (febrero de 1937)
El rechazo a la militarización de las Milicias Populares creó un serio malestar en diversas unidades de milicianos libertarios, que se concretaron en el pleno de columnas confederales y anarquistas reunido en Valencia del 5 al 8 de febrero de 1937. Pablo Ruiz asistió como delegado de los milicianos de la Columna Durruti, en el sector de Gelsa, reacios a la militarización, y los hermanos Pellicer como representantes de los milicianos de la Columna de Hierro. En la cuarta agrupación de la Columna Durruti, en el sector de Gelsa, se llegó a una desafiante desobediencia de las órdenes recibidas de los Comités Regionales de la CNT y la FAI para que aceptasen la militarización. La hostilidad entre los milicianos de la Columna Durruti que aceptaban la militarización, y quienes la rechazaban, creó serios problemas, que a punto estuvieron de provocar un enfrentamiento armado, que se canalizaron mediante la creación de una comisión de la Columna, presidida por Manzana, que planteó el problema al Comité Regional. Como resultado de estas conversaciones se optó por dar a todos los milicianos la posibilidad de escoger, en el término de quince días, entre dos alternativas: la aceptación de la militarización impuesta por el gobierno republicano, o el abandono del frente.
Pablo Ruiz, delegado de la cuarta agrupación de la Columna Durruti en Gelsa lideró a unos 800 milicianos que decidieron, pese a todas las presiones, abandonar el frente, llevándose las armas, para bajar a Barcelona y fundar una organización revolucionaria que se opusiera a la constante dejación de principios anarquistas y a la contrarrevolución en marcha. Esos milicianos estuvieron en el origen de la fundación de la Agrupación de Los Amigos de Durruti. En mayo de 1937 habían expedido cinco mil carnets y cuatrocientos de ellos estaban luchando en las barricadas, armados.
La Agrupación de Los Amigos de Durruti se fundó formalmente el 15 de marzo de 1937, aunque sus orígenes se remontan a octubre de 1936. En la Agrupación se daba la confluencia de dos corrientes principales: la oposición de los milicianos anarquistas de la Columna Durruti a la militarización de las Milicias Populares, y la oposición al gubernamentalismo, que halló su mejor expresión en los artículos de Jaime Balius (pero no sólo de Balius) en Solidaridad Obrera, desde julio hasta noviembre de 1936, en Ideas, desde diciembre de 1936 hasta abril de 1937, y en La Noche, desde marzo hasta mayo de 1937.
Ambas corrientes, la “miliciana” de rechazo a la militarización de las Milicias Populares, representada por Pablo Ruiz, y la “periodística” de crítica al colaboracionismo gubernamental de la CNT-FAI, encabezada por Jaime Balius, se opusieron a la ideología circunstancialista y colaboracionista confederal (que servía de coartada para el abandono de los principios característicos y fundamentales del anarquismo), encarnada con diversos matices, por Federica Montseny, Juan García Oliver, “Diego Abad de Santillán” o Juan Peiró, entre otros.
Los Amigos de Durruti pusieron en práctica uno de los episodios de derrotismo revolucionario más sobresalientes de la historia del movimiento obrero y revolucionario: 800 milicianos abandonaron el frente de Aragón con las armas en la mano, para bajar a Barcelona con el objetivo de combatir por la revolución, fundando Los Amigos de Durruti, que en mayo de 1937 intentó plantear una orientación revolucionaria a la insurrección obrera contra el estalinismo y el gobierno burgués de la Generalidad.
Las sangrientas jornadas del 3 al 7 de mayo de 1937
En la asamblea de la Federación Local de Grupos anarquistas del 12 de abril de 1937, radicalizada por la invitación realizada a las Juventudes Libertarias y a los delegados de los comités de defensa, se exigió la retirada de todos los cenetistas de cualquier cargo municipal o gubernamental y se creó un comité insurreccional. En esa radicalización habían tenido un papel destacado Julián Merino, Pablo Ruiz y Juan Santana Calero.
Manuel Escorza del Val, a mediados de abril de 1937, negoció directamente con Companys una salida a la crisis de gobierno de la Generalidad, iniciada a primeros de marzo de 1937, con Los decretos de creación del Cuerpo único de Seguridad y de disolución de las Patrullas de Control. Tarradellas fue apartado por Companys de tales negociaciones, porque éste consideraba a aquél como demasiado condescendiente con la CNT. Companys buscaba una aproximación del PSUC al gobierno de la Generalidad y un alejamiento, o incluso una definitiva exclusión, de la CNT. De este modo pensaba conseguir un gobierno fuerte de la Generalidad.
Tras unas duras negociaciones, no exentas de violentos enfrentamientos y amenazas, se consiguió un endeble acuerdo que contemplaba un gobierno en el que entraba Aurelio Fernández como conseller.
El asesinato de Antonio Martín en Bellver de Cerdaña, el 27 de abril, rompió el frágil equilibrio provisional pactado en las conversaciones del 9-11 de abril y en el pacto personal Companys/Escorza del 15 de abril.
Manuel Escorza previno2 a los comités de defensa de la información que tenía sobre un previsible y cercano golpe o acción violenta de las fuerzas de orden público de la Generalidad, que sería secundado por PSUC y ERC. Los sucesos de Bellver del 27 de abril y el asesinato de Antonio Martín3 habían sido el primer acto de ese golpe de fuerza que se preparaba en Barcelona. Escorza encendió la chispa que inició la insurrección, al poner a los comités de defensa en estado de alarma. Los constantes enfrentamientos, los mutuos desarmes y las habituales escaramuzas entre las Patrullas de Control y los guardias de asalto anunciaban certeramente la inminencia del encontronazo definitivo.
Los comités superiores (Dionís Eroles y Josep Asens) intervinieron desde los primeros instantes de la ocupación de Telefónica con el objetivo de evitar el estallido de la insurrección, y una vez producida ésta, con la intención de dominarla y ponerle fin; pero habían sido desbordados por los comités de defensa y muy pronto se encontraron plenamente superados.
La reunión del CR del 4 de mayo de 19374 fue convocada a instancias de Julián Merino, que habló como promotor (militar) de la insurrección en curso, pidiendo al CR que la liderase5, consiguiendo la constitución de un comité revolucionario (secreto) de la CNT catalana y de dos comisiones: la del Centro y la del Paralelo-Plaza de España6. Lucio Ruano tuvo un papel muy activo en el desbloqueo del edificio de la Casa CNT-FAI, mediante el lanzamiento de bombas de mano a las fuerzas que rodeaban el edificio, así como en el control de los cañones de Montjuic, que desde entonces apuntaron al Palacio de la Generalidad.
Fuente: ICGC
La Comisión del Paralelo-plaza de España dirigió la lucha en esta vía y en plaza de España, asaltando el cuartel Casarramona7 de la guardia civil y el de los guardias de asalto en plaza de España, capturando en total a unos 600 guardias (de asalto y guardia civil) que fueron detenidos en las dependencias del Hotel número 1 y de la España Industrial.
La Comisión del Centro actuó junto a Los Amigos de Durruti (Pablo Ruiz y Jaume Balius), ocupando toda la calle Hospital desde las Ramblas, donde estaba la sede de Los Amigos de Durruti, hasta el edificio de Los Escolapios, lugar en el que tenían su sede el Comité de defensa del Centro (y Poble Sec) y numerosos grupos anarquistas. Al otro lado de las Ramblas ocuparon el comienzo de la calle Fivaller (ahora Ferran) y la plaza Maciá (ahora plaza Real) y más allá de los Escolapios contactaron con Máximo Franco en la Brecha de San Pablo, quien, con unos cuarenta milicianos (desertores revolucionarios de la Rojinegra) levantó barricadas en esa zona del Paralelo.
El CR nombró una delegación para parlamentar en el Palacio de la Generalidad, de la que formaba parte Santillán, que había dado orden a los artilleros de Montjuic (Lucio Ruano) que disparasen sobre el edificio si no recibían cada media hora su aviso telefónico.
Los principales oradores anarcosindicalistas, los ministros Juan García Oliver y Federica Montseny, vinieron de Valencia para lanzar por radio sus discursos apaciguadores. Fueron los “bomberos” que apagaron el fuego.
Xena, Jover y Manzana organizaron la defensa militar del edificio de la Casa CNT-FAI. La ocupación del Casal del Metge, situado frente a la Casa CNT-FAI, al otro lado de la Vía Durruti, por milicianos extranjeros de diversas nacionalidades (sobre todo italianos y franceses), obedecía a esa estrategia defensiva, y a la necesidad de romper el asedio.
Ante el abandono de las barricadas del 7 de mayo, se consolidó el fracaso político: la amenaza represiva obligó a borrar huellas, ocultar responsabilidades y disimular protagonismos. Y esto afectó a la redacción de las actas de las reuniones confederales.
El verano de 1937
El miércoles 16 de junio de 1937, policías llegados a Barcelona desde Madrid detuvieron al CC del POUM, partido ilegalizado ese mismo día bajo la fantástica acusación de formar parte de una red de espionaje fascista.
Se iniciaba una brutal represión contra el POUM y los sectores revolucionarios de la CNT, que además demonizaba y difamaba el carácter y naturaleza de los incontrolados/revolucionarios. Era la primera vez en la historia en la que se planteaba una campaña de falacias, infamias y calumnias como sustitución de la realidad social e histórica. Represión y escarnio, sin límites, para los vencidos de mayo. Los poumistas eran acusados de ser trotskistas/fascistas, los altos cargos cenetistas en Orden público, o en la antigua Oficina Jurídica, eran ultrajados, desprestigiados y deformados hasta el absurdo, convirtiéndolos en monstruosos asesinos y ávidos ladrones, aislándolos del contexto histórico, social y revolucionario en el que habían surgido. Los represaliados dejaban de ser quintacolumnistas y enemigos emboscados en la retaguardia, en una situación de guerra civil, provocada por el alzamiento de militares, curas y fascistas contra un gobierno democrático y legítimo, para convertirse en angelitos incólumes e inocentes, injustamente agredidos, que hacía abstracción del golpe de estado y de la guerra en curso de un pueblo contra el ejército profesional, la Iglesia y la burguesía.
Era una extravagante, grotesca y curiosa maniobra, pero muy efectiva, que ocultaba el papel de estalinistas8 y republicanos9 en las mismas tareas represivas que los anarquistas. Absurda y arbitrariamente se concentraban y personalizaban todas las “barbaridades”, acciones represivas y decisiones “de gobierno y orden público”, tomadas durante el período revolucionario en Barcelona, en unos cuantos nombres estigmatizados y demonizados: Manuel Escorza, Dionisio Eroles, Aurelio Fernández, José Asens, Eduardo Barriobero, Justo Bueno, Antonio Ordaz. Al mismo tiempo, en cada localidad surgía el nombre del incontrolado/revolucionario de turno: Antonio Martín, “el Cojo de Málaga”, en Puigcerdá,Lino y “sus muchachos” en Sabadell, Pedro Alcocer y “sus chiquillos” en Tarrasa, Aubí “el Gordo” en Badalona, Marín en Molins, Pascual Fresquet y su autobús de la muerte en Falset, y un largo etcétera en toda Cataluña.
[Nota de edición] Conocida imagen del Batallón de la Muerte durante su estancia en Caspe. Pascual Fresquet fue su integrante más conocido. Sacada de contexto, parece difícil de comprender esta imagen por una parte importante de la población actual, pero si pensamos en situaciones pasadas, el anticlericalismo, la mofa de lo religioso, la iconoclastia y la quema de edificaciones y posesiones católicos, se relacionaba más bien como un símbolo de liberación de lo reaccionario en la Historia, puesto que por entonces, la Iglesia Católica apoyó y justificó el golpe fascista desde sus orígenes, mientras que en décadas pasadas mostró un fuerte sentir reaccionario y antiobrero. Fuente de la imagen: Punt Avui
La operación de persecución, deshonra, eliminación, distorsión y criminalización de algunos de los responsables cenetistas, completa y gratuitamente degradante, vil, abstracta, ideológica e irracional, disfrazó la situación revolucionaria, comenzada en julio de 1936 por el triunfo sobre el golpe militar-fascista, y el consiguiente vacío de poder, como una epidemia de monstruosos asesinos en serie, vampiros ávidos de sangre e impunes ladrones, todos exclusivamente anarquistas10, provocada por un extraño virus: la legalidad republicana y la selectiva represión gubernamental y estalinista. Lo curioso y grave es que esa campaña publicitaria y esa cadena de infamias caló tan hondo que llegó a sustituir la propia realidad, y aún hoy impregna las narraciones históricas académicas como un dogma indiscutible. No en vano Orwell extrajo las características esenciales del Gran Hermano de sus vivencias barcelonesas.
Publicado en Catalunya número 200, órgano en catalán de la CGT
Barcelona, març 2018
Notas
1 Paqueo es sinónimo de francotirador. Es la onomatopeya de los disparos de fusil: ¡pac, pac pac!
2 Martinez Lorenzo, César: Le mouvement anarchiste en Espagne. Pouvoir et révolution sociale. Les Éditions Libertaires, 2006, p. 347.
3 Biografía de Antonio Martin en Varios Autores: Biografías del 36. Descontrol, 2016, pp. 202-223.
4 Reunión extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo de 1937, por el Comité Regional y los demás Comités responsables de Cataluña. [IISG-CNT-85C1].
5 Escorza no asistió a esa reunión, porque consideraba que la insurrección era prematura y su fracaso podía conducir a la CNT a una pérdida de fuerza e influencia.
6 CAMPOS, Severino: “Las ideas y los hombres. Objeciones al prólogo de un libro”. Le Combat Syndicaliste (23 de diciembre de 1978, p. 6).
7 Los detalles del asalto de Casarramona en los textos de Casanovas:
CASANOVAS, Joan: “La guerra civil a Barcelona: les patrulles de control de Sants vistes per un dels seus membres”. Historia y Fuente Oral 11 (1994), pp. 53-66.
CASANOVAS CODINA, Joan: Joan Remí. Fons oral de Ca L´Ardaica: Arxiu Històric Ciutat de Barcelona (AHCB) 3-332/5D.102
8 Como José Gallardo, Eusebio Rodríguez Salas, África de las Heras, Salvador González, Olaso, Sala…
9 Como el grupo de Solé Arumí.
FUENTE: SER HISTORICO
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